▪️A pesar de un historial disciplinario que incluye denuncias por abuso de autoridad, hostigamiento laboral, encubrimiento y vulneración de derechos de menores, el funcionario fue designado como secretario técnico del PAD. Nueve consejeros regionales votaron a favor de su permanencia en un cargo clave, a pesar de conocer las graves imputaciones en su contra.
Jonathan Vásquez Vera, exdirector de la Aldea Infantil San Antonio y actual secretario técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) del Gobierno Regional de Cajamarca (GORECAJ), enfrenta cerca de 40 procesos administrativos, varios de ellos por hechos que comprometen gravemente su ética, su idoneidad y su respeto por los derechos fundamentales. Lejos de ser investigado o separado de su cargo, ha sido promovido a una función clave dentro del sistema disciplinario regional.
UNA DESIGNACIÓN CUESTIONADA POR DONDE SE MIRE
Vásquez Vera fue nombrado secretario técnico del PAD el pasado 24 de julio de 2025. Ese mismo día, el Consejo Regional de Cajamarca aprobó la medida con el voto favorable de nueve, hasta el momento identificados, consejeros regionales. Todo esto, a pesar de que ya pesaban sobre él cerca de 40 expedientes abiertos, muchos de los cuales documentan abusos sistemáticos, irregularidades funcionales y omisiones graves en la protección de menores.
Los consejeros que votaron a favor de su permanencia en el cargo son:
- Lorena Marín (Celendín)
- Karlos Peralta (Hualgayoc)
- Jesica Bardales (Cajamarca)
- Luz Alayo (Santa Cruz)
- Hernán Salaverry (Cajabamba)
- Ana Parihuamán (San Ignacio)
- Cástulo Idrogo (Chota)
- Saúl Coba (San Miguel)
- Jorge Catón (Jaén)
UN HISTORIAL DISCIPLINARIO ALARMANTE
Los procesos abiertos contra Vásquez Vera incluyen acusaciones de hostigamiento laboral, abuso de autoridad, manipulación emocional a menores, encubrimiento de denuncias, y represalias contra servidores públicos que no acataron decisiones arbitrarias.
Algunos de los expedientes más representativos son:
- Exp. 000775-2024-072170: Abuso de autoridad en la Aldea Infantil San Antonio.
- Exp. 000775-2024-054651 y 058126: Maltrato emocional a menores, y entrega del expediente de una víctima a su presunta agresora.
- Exp. 000775-2024-065253 y 064717: Cancelación irregular del contrato de una psicóloga y abuso de autoridad contra la misma.
- Exp. 000775-2024-070188: Conductas incompatibles con el servicio público.
- Exp. 000775-2024-061289: Hostigamiento laboral con testimonios documentados.
- Exp. 000775-2024-072656: Manipulación psicológica a la adolescente Luz Elena.
Además, se encontraría denunciado por archivar irregularmente una denuncia por maltrato a un menor, hecho verificado por el Poder Judicial, y se presume, según fuentes de la Aldea San Antonio, que ejerció funciones en estado etílico en diversas ocasiones.
CONFLICTO DE INTERESES Y ACCESO A EXPEDIENTES
El funcionario acumula 17 denuncias activas en su contra. Como consecuencia, debería haberse abstenido de actuar en al menos 40 casos administrativos relacionados directa o indirectamente con la Aldea Infantil San Antonio o personas que lo denunciaron. Sin embargo, no lo ha hecho, a pesar de que la normativa le otorga solo dos días hábiles desde su designación para formalizar su abstención.
Peor aún; actualmente tiene acceso irrestricto al sistema informático del PAD, donde reposan sus propios expedientes. Fuentes internas han advertido que Jonathan Vásquez Vera podría modificar, eliminar o manipular información clave, aprovechando la falta de fiscalización.
NO CUMPLÌA EL PERFIL PARA EL CARGO
Según un informe de SERVIR, Vásquez Vera no cumplía con los requisitos mínimos para ejercer como director de la aldea. Este dato, lejos de significar una sanción o limitación, fue ignorado en su evaluación posterior, cuando fue trasladado a la Secretaría Técnica del PAD.
Así, una persona con serias limitaciones de formación y ética, pasó a dirigir el órgano encargado de vigilar la conducta de los demás funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Cajamarca.
EL CONSEJO LO SABÍA, PERO NO ACTUÓ
El Consejo Regional fue informado formalmente de estos antecedentes el jueves 25 de julio. Sin embargo, hasta la fecha no ha emitido ninguna medida ni solicitud de suspensión. Esta inacción permite que el funcionario continúe operando sin restricciones y con el poder de influir directamente en casos donde se encuentra comprometido.
Trabajadores de la institución y personal técnico de la aldea aseguran que, desde su nueva posición, habría comenzado a revisar sus propios expedientes. La omisión de los consejeros en activar mecanismos de fiscalización no solo representa una negligencia política, sino una posible complicidad funcional.
¿QUIÉN VIGILA AL VIGILANTE?
Este caso plantea una pregunta profunda. ¿Quién protege a Jonathan Vásquez Vera? ¿Quién se beneficia de su presencia en un puesto clave, pese a estar gravemente cuestionado? Y lo más importante, ¿quién protege a las niñas, niños, adolescentes y trabajadores expuestos a sus decisiones?
La designación de un funcionario con un historial tan comprometedor al frente de un sistema disciplinario no es solo un error administrativo. Es una señal de que la ética pública ha sido desplazada por intereses políticos, pactos silenciosos o simple indiferencia.
Mientras tanto, los expedientes se acumulan. Las víctimas esperan. Y el poder político lo sigue blindado.
Fuente: Otra Prensa