· Sala presidida por el magistrado Gustavo Álvarez Trujillo coordinó acciones con el Ministerio Público y la Defensoría Pública para destrabar la burocracia interna de 67 expedientes tramitados bajo el Código de 1940.
Con el firme objetivo de reducir la carga procesal y combatir la dilación burocrática, la Segunda Sala Penal de Apelaciones (con adición de funciones de Sala Penal Liquidadora) de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca llevó a cabo su Audiencia Pública Extraordinaria correspondiente al Segundo Trimestre del año 2026.
La sesión estuvo dirigida por el presidente de la Sala, Gustavo Álvarez Trujillo, e integrada por los magistrados Domingo Alvarado Luis y José Luis Díaz Llanos. El eje central de la audiencia fue la revisión exhaustiva de 67 procesos en situación de reserva (y 3 en trámite), los cuales son considerados muy antiguos al estar regulados por las normas del Código de Procedimientos Penales de 1940.
ALIANZA ESTRATÉGICA CONTRA LA BUROCRACIA
Durante el acto público, tanto el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Cajamarca, Alfredo Rebaza Vargas, así como el representante de la Defensoría Pública, José Bazán León, coincidieron en la urgencia de evaluar el tiempo transcurrido desde el inicio de cada causa para determinar la situación jurídica de los procesados.
Para lograrlo, la Sala dispuso que, a través de la Relatoría de la Sala y en coordinación directa con el fiscal que disponga el Ministerio Público, se realice una revisión pormenorizada de cada expediente. El magistrado Gustavo Álvarez enfatizó la necesidad de un «trato directo» mediante jornadas de trabajo conjuntas:
El acuerdo implica una selección previa de los procesos. “Identificaremos los casos para que los fiscales asistan y se realice una revisión concreta, uniendo también el esfuerzo de la defensa pública para impulsar las acciones necesarias», señaló Álvarez Trujillo, una postura respaldada el doctor Alfredo Rebaza y la Defensa Pública.
Con esta iniciativa, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca, busca sentar un precedente en la gestión judicial regional, optimizando recursos, rompiendo barreras burocráticas y garantizando el derecho a una justicia pronta y eficaz.