Cajamarca. – La Contraloría General detectó un perjuicio económico de S/ 138,205 en contra de la Universidad Nacional de Cajamarca (UNC), ocurrido durante el proceso de adquisición y distribución del servicio de internet para estudiantes durante la pandemia por el Covid-19, debido a una mala focalización para determinar a los beneficiarios y tardía distribución a los alumnos.
En el Informe de Servicio de Control Específico N° 009-2021-2-0204-SCE, que comprende el período del 19 de abril de 2020 al 30 de enero de 2021, se identificó presunta responsabilidad civil y/o administrativa de un funcionario.
La comisión de control evidenció que la encargada de Bienestar Universitario no aplicó todos los criterios de focalización para implementar el servicio de educación no presencial para estudiantes en situación de pobreza y/o vulnerabilidad económica. De esa forma, determinó un total de 3728 beneficiarios, en mérito a lo cual la UNC contrató el servicio de Internet que fue brindado a través de celulares.
Sin embargo, no existió una planificación para su distribución, dado que en varios casos se entregó a los alumnos con fecha posterior al inicio del servicio.
Cabe indicar que el 7 de abril 2021 se encontró en poder de la directora de Bienestar Universitario 329 celulares (321 sellados y 8 abiertos) con sus respectivos chips, los cuales no fueron distribuidos pese a que el servicio de internet culminó el 31 de diciembre del 2020 siendo pagado en su totalidad.
Finalmente, después de las aclaraciones, la comisión de control determinó un perjuicio económico de S/ 138,205.90, causado por la inadecuada focalización, la falta de distribución y, en otros casos, por la demora en la entrega a los alumnos beneficiarios del servicio de internet.
El informe de control fue comunicado al titular de la entidad universitaria para el inicio de las acciones legales y administrativas correspondientes al funcionario involucrado en el caso. Asimismo, se encuentra publicado en el portal institucional (www.gob.pe/contraloria) como parte de la política de transparencia y acceso a la información pública.
