La Contraloría General de la República y la asociación civil Empresarios por la Integridad suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional, por el cual ambas partes se comprometen a contribuir con la implementación de mecanismos de vigilancia de la gestión pública para la identificación de alertas preventivas de situaciones de riesgo que sean observadas.
Ambas partes también se comprometen a promover la ética y la transparencia en la gestión administrativa en el sector público y privado, y enfrentar la corrupción como condición necesaria para recuperar la confianza ciudadana en la institucionalidad pública.
También deberán coordinar esfuerzos en las acciones de prevención de presuntos actos de corrupción administrativa que puedan comprometer desde el sector público al sector privado y viceversa; en el seguimiento de la adquisición de bienes, la prestación de servicios y en la ejecución de obras contratadas al sector privado por el sector público.
Otro compromiso fruto de este convenio es desarrollar mecanismos de colaboración de manera participativa en las acciones de detección y sanción de actos de corrupción en la adquisición de bienes, la prestación de servicios y ejecución de obras.
Un cuarto compromiso es generar programas de capacitación conjunta de promoción de la ética, transparencia, buenas prácticas, integridad, lucha contra la corrupción, y otros relacionados.
Para la ejecución del convenio, ambas partes formularán planes anuales de trabajo, en función a los compromisos asumidos. El primer plan será aprobado en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la fecha de suscripción del convenio, que se llevó a cabo el 25 de junio.
El convenio, suscrito por el contralor general Nelson Shack y Óscar Espinosa, presidente del Consejo Directivo de Empresarios por la Integridad, tendrá una vigencia de dos años a partir de la fecha de su suscripción. Cualquiera de las partes podrá solicitar la renovación del convenio, mediante comunicación escrita a la otra parte.
