Con la finalidad de contribuir con la seguridad alimentaria del país, eje central de la segunda reforma agraria que promueve el MIDAGRI, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria–SENASA, mediante Resolución Directoral 0061-2021-MIDAGRI-SENASA-DIAIA, prohibió la importación de plaguicidas químicos de uso agrícola y productos que contengan el ingrediente activo CARBOFURAN, a partir del día siguiente de su publicación oficial.
Esta disposición, también establece que a partir del 30 de setiembre de 2022, se prohibirá el uso de este plaguicida en todo el ámbito nacional.
Según la clasificación de peligrosidad de la Organización Mundial de la Salud, el CARBOFURAN es un plaguicida considerado altamente peligroso; contiene alto riesgo en el ambiente acuático, así como alta exposición y toxicidad en especies de aves y abejas. Este plaguicida se encuentra ya restringido y/o prohibido en diversos países, precisamente por sus riesgos a las personas y al ambiente.
La decisión de prohibir el uso de plaguicidas que contengan carbofuran, se realiza luego de una evaluación de riesgos basada en las recomendaciones del Convenio de Rotterdam (que tiene como objetivo proteger la salud humana y el ambiente, frente a los posibles daños que puedan ocasionar estos productos) y también, considerando que existen otros plaguicidas registrados por el SENASA que son igual de eficaces en el control de plagas y constituyen un menor riesgo.
Esta disposición es el resultado de las medidas que se vienen tomando frente a los plaguicidas considerados de “alto riesgo”; con el respaldo técnico de las instituciones competentes como la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA-MIDAGRI) que determina el impacto del producto en el ambiente y la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA-MINSA) quienes evalúan y determinan los aspectos relevantes a la salud.
Seguridad alimentaria
La seguridad alimentaria es uno de los ejes centrales de la segunda reforma agraria que promueve el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; a raíz de esta política de acción, se ha fortalecido las capacitaciones a pequeños productores para que apliquen las Buenas Prácticas Agrícolas y de esta manera, reduzcan el uso de plaguicidas en la producción de sus cultivos, advirtiendo que el control químico sólo debe ser aplicado complementariamente a los demás tipos de control, pero nunca de manera exclusiva.
El proceso de este trabajo se viene impulsando mano a mano con los productores; logrando que a la fecha, se tenga un total de 94 800 hectáreas de producción convencional en proceso de transición para lograr su certificación orgánica. El proceso tarda entre dos a tres años, por lo que de lograr esta evaluación, podrán sumarse a las 464 000 hectáreas de producción orgánica que hoy ya existen.
De esta manera, mediante disposiciones legales y el trabajo de campo se viene haciendo sinergia para promover una agricultura responsable en beneficio de consumidores en todas las regiones del país.
