El expresidente se presentó sin defensa legal a la instalación del juicio oral en su contra y, aunque se negó a ser defendido por un abogado de oficio, la sala le asignó uno.
El expresidente Pedro Castillo (2021-2022) se presentó este martes sin abogado a la instalación del juicio oral en su contra por su intento de golpe de Estado a fines de 2022, un proceso en el que enfrenta un pedido fiscal de 34 años de prisión por cargos de rebelión y abuso de autoridad.
El exmandatario, recluido de manera preventiva desde su destitución, confirmó que no cuenta con defensa legal, ya que en la víspera presentó un escrito en el que notificaba la subrogación de sus cuatro abogados.
“Quisiera que se haga de conocimiento al país sobre mi escrito y he venido a ratificarme en eso”, dijo. Posteriormente, indicó que “no tiene razón” exponer a sus defensores a un proceso que calificó de “pantomima” y “donde todo parece estar confinado”, según su declaración.
“Tampoco acepto un abogado de la defensa pública. De todos mis abogados he prescindido de sus servicios. Los he subrogado ayer, en el contenido de este escrito está claramente”, agregó.
Minutos después, la sala resolvió asignar un defensor público al exmandatario y aclaró que, formalmente, solo había prescindido de uno de sus abogados, Luis Medrano, pero no de los otros tres, por lo que su defensa “continúa subsistiendo”. Por su parte, el juez supremo José Antonio Neyra, quien lidera la sala, le recalcó al exmandatario que sus intervenciones “no pueden ser políticas”.
En el juicio oral también están comprendidos la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y su antecesor, Aníbal Torres. Aunque el exministro del Interior, Willy Huerta, se desmarcó intentona, quedó incluido también en el proceso, además de tres exoficiales policiales. A los seis implicados se les acusa de ser coautores del delito de rebelión.
Castillo intentó eludir una tercera destitución presentada por el Congreso en diciembre de 2022 al declarar la disolución del Parlamento y convocar a nuevas elecciones, en medio de denuncias que lo vinculaban con una organización criminal dentro de su Gobierno.
