El titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Víctor Zúñiga Urday, determinó dictar una orden de prisión preventiva a la excandidata presidencial Keiko Fujimori por 15 meses.
El Ministerio Público le imputa los delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, organización criminal, obstrucción a la justicia, falsa declaración en proceso administrativo, fraude procesal y falsedad genérica.
El juez Víctor Zuñiga encontró elementos de convicción que configuran “sospecha grave” para determinar que es conveniente que Keiko Fujimori cumpla prisión preventiva a fin de que no obstruya a la justicia, mientras la fiscalía prepara la acusación en su contra.
En ese sentido, dio por comprobados los tres presupuestos necesarios que dictar prisión preventiva: fundada existencia del delito, pena alta: posibilidad de fuga; y falta de arraigo laboral y económico, pues carece de trabajo y bienes.
LOS PRESUNTOS DELITOS DE KEIKO FUJIMORI
El partido Fuerza Popular recibió aportes millonarios por parte de empresas para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
Los montos no fueron reportados ante la ONPE, pues el fujimorismo no señaló que esas inyecciones económicas provenían de compañías como Odebrecht, de acuerdo a la tesis fiscal.
Los aportes -tanto de Odebrecht como de otras empresas- se simularon ante la ONPE a través de personas que luego negaron en sus testimonios haber brindado apoyo económico a Fuerza Popular(falsos aportantes).
A la vez, para intentar descartar que recibió respaldo de Odebrecht (caja 2), habría intercalado el dinero ilícito de esa constructora con el monto proveniente de otras empresas como Intercorp, Grupo Gloria.
Con ello, Keiko Fujimori buscó argumentar que los aportes presuntamente lícitos que se obtuvo para su campaña eran de esas compañas y no de Odebrecht.
A la vez, el juez Víctor Zúñiga resaltó que Keiko Fujimori habría conocido los actos de conversión y transferencia de los montos ilegales recibidos para su campaña del 2011, tesis que sustenta la fiscalía.
Recalcó que existe sospecha grave que la persona que dirigía toda la organización era Keiko Fujimori, por lo que tenía participación en toda actividad dentro del partido.
Keiko Fujimori ya cumplió prisión preventiva desde noviembre de 2018 a noviembre de 2019.
Quedó en libertad luego que el Tribunal Constitucional admitiera un hábeas corpus presentado a su favor. No obstante, Ministerio Público solicitó que regresara a prisión.
