Frente al intento de algunas bancadas golpistas de aprobar por insistencia la ley sobre la mal llamada ‘devolución’ de los aportes de la ONP, el presidente de la República, Francisco Sagasti, anunció anoche que el Ejecutivo irá al Tribunal Constitucional (TC), en caso de que el Congreso sancione dicha norma a pesar de haber sido observada por la gestión anterior.
“Si se pasa por insistencia, lo llevaremos al Tribunal Constitucional, que quede perfectamente claro ese tema”, dijo Sagasti, en tono enfático, en una entrevista concedida en Palacio en forma simultánea a los programas dominicales ‘Cuarto poder’, ‘Panorama’, ‘Punto final’ y ‘Día D’.
Minutos antes del anuncio del presidente Sagasti, en el Congreso, la Junta de Portavoces había acordado sesionar el miércoles a las 10:00 a.m., a fin de debatir la aprobación por insistencia de la ley sobre la ONP.
Las once bancadas votaron a favor del debate, aunque no todas darán su respaldo para una eventual aprobación.
“Que quede perfectamente claro, nosotros no consideramos que aprobar este proyecto de retiro masivo de la ONP es viable en este momento crítico”, insistió Sagasti.
El presidente también expresó que muchos congresistas saben del perjuicio de esta norma. “En realidad, significa, en la práctica, dejar sin pensión a seiscientos mil mayores de 65 años y crear huecos enormes que a futuro dejarán sin pensión”, enfatizó.
Por otro lado, Sagasti expresó su pleno respaldo al ministro del Interior, Rubén Vargas, luego de la decisión de remoción de 18 generales de la Policía Nacional, tras la última crisis política y las arbitrariedades cometidas contra los manifestantes.
Sagasti descartó un eventual cambio en el Ministerio del Interior. “Eso está descartado, el ministro del Interior tiene toda la confianza de la presidenta del Consejo de Ministros y tiene toda mi confianza”, apuntó.
“La decisión fue absolutamente constitucional, no hay duda”, subrayó, al tiempo de precisar que fue un caso extraordinario de renovación de cuadros. Explicó que la decisión fue tomada luego de los actos de represión denunciados contra la Policía y también por los hechos de corrupción en el manejo de los fondos destinados a la atención de la crisis sanitaria.
Fuente: La República
