El presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), Juan José Martínez, indicó que este organismo recomendará al Ejecutivo observar la ley que elimina en forma progresiva el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) aprobada en el Congreso.
“Servir opinará y propondrá que sea observada por el Ejecutivo; y al ser observada, regresará al Congreso. Los alcances no han sido consultados con Servir, que es el ente rector en el tema de los recursos humanos del sector público, tampoco con otras entidades del Ejecutivo”, mencionó.
Lamentó que en los últimos tiempos la Comisión de Trabajo del Congreso no haya consultado con Servir las iniciativas legislativas. Dijo que si bien envían oficios con el proyecto de ley, no se aceptan sus pedidos para participar en las sesiones a fin de dar su opinión y alertar sobre los posibles riesgos.
Otra solución
Martínez refirió que es comprensible el problema de los trabajadores del régimen CAS, que no pueden estar en forma indefinida en una situación de temporalidad, pero añadió que la solución es la implementación de la Ley del Servicio Civil, que tiene un marco normativo y su reglamento respectivo.
Para el tránsito de un régimen a otro, esa norma establece que las entidades públicas hagan un estudio para determinar la dotación de personal que requieren y definir los perfiles de cada puesto, luego convocan a concursos para el ingreso.
“El mecanismo vigente para eliminar el CAS es que migren a la Ley del Servicio Civil, es ese el camino correcto y técnico que deben seguir. Esa ley [que elimina el CAS] es una mala solución al problema que tenemos ahora”, apuntó.
El funcionario alertó que la disposición aprobada por el Congreso para la eliminación progresiva del CAS no es clara, pues vincula su implementación con la disponibilidad presupuestal de las entidades públicas que no tienen recursos guardados, sino partidas preasignadas en el presupuesto.
Atentado contra meritocracia
Servir ya había alertado anteriormente que la decisión del Congreso de la República de disponer el pase automático de más de 300,000 trabajadores estatales contratados bajo el régimen CAS a uno permanente atenta contra la meritocracia y la igualdad de oportunidades que debe primar en el Estado. Advirtió que el ingreso de tal cantidad de personas al Estado afecta la igualdad en el acceso a la administración pública de los servidores mediante la meritocracia. “Esto vulnera la Constitución Política del Perú”, remarcó. Además, aseveró que ello generará un incremento automático del 25% del costo de la planilla estatal (el costo pasaría de 9,000 millones a 11,530 millones de soles anuales) sin planificación, en plena pandemia y crisis económica, lo que sería una bomba de tiempo para la sostenibilidad del país y del próximo gobierno.
Fuente: El Peruano
