En la evidencia documental entregada por Enrique Gubbins se acredita que Keiko Fujimori y Mark Villanella recibieron US$210.000 clandestinamente.
Fueron 63 entregas entre 2010 y 2016, en billetes de US$100, en paquetes de US$200.000, US$150.000 y US$100.000. Los exesposos Keiko Fujimori y Mark Villanella nunca declararon los US$210.000 que retiraron personalmente de la empresa Sudamericana de Fibras. Supuestamente, el dinero era para financiar las campañas de la excandidata presidencial, pero se desconoce el destino final.
Los excónyuges Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella expresaron durante la presentación del caso Cócteles que los peritajes contables aplicados a su patrimonio demuestran que no existe desbalance patrimonial, por lo que no cometieron el delito de lavado de activos. El empresario Enrique Gubbins Bovet proporcionó abundante información documental a la fiscalía que contradice la versión de los exesposos.
Como resultado de un acuerdo secreto entre el empresario Juan Rassmuss Echecopar, en el que también tuvo participación su sobrino Enrique Gubbins Bovet, ambos hicieron 63 entregas de dinero directamente a Keiko Fujimori, su exesposo Mark Vito o a personas de su entorno designadas por ella misma, por un total de US$7.110.000, en el periodo comprendido entre 2010 y 2016.
De ese total, 21 entregas fueron de US$50.000; 15 de US$150.000; 13 de US$200.000; 4 de US$80.000; 3 de US$100.000; 3 de US$60.000; 2 de US$65.000; y 2 de US$40.000.
De acuerdo con la información suministrada por Gubbins, en todos los casos proporcionó el dinero en efectivo y en billetes de US$100.
Conforme a lo señalado por Gubbins, entre las personas asignadas para retirar el dinero se encontraban Augusto Bedoya Cámere, Jaime Yoshiyama Tanaka, Jorge Yoshiyama Sasaki, Víctor Shiguiyama Kobashigawa, todos integrantes del entorno íntimo de Keiko Fujimori. Y hay otros más plenamente identificados.
La fiscalía postula el presunto origen ilícito del dinero que Juan Rassmuss proporcionó al “proyecto político de la señora Keiko Fujimori”, porque durante los interrogatorios, ejecutivos y funcionarios de Sudamericana de Fibras, estos informaron que con una sola llamada telefónica de Rassmuss se disponía del dinero de la empresa, que luego terminaba en manos de la excandidata presidencial. En este caso, se configuraría el delito de fraude en la administración de personas jurídicas.
Fuente: La República.
