Cajamarca. La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial ha propuesto la destitución de tres jueces superiores de la Corte de Cajamarca: Ricardo Sáenz Pascual, actual presidente de la Corte, Humberto Araujo Zelada y Domingo Alvarado Luis, tras identificar presuntas irregularidades en la tramitación de un caso de homicidio calificado.
El proceso disciplinario, tramitado bajo el expediente N.º 02562-2021-OCMA, revela comunicaciones entre el Ministerio Público, la Dirincri y la entonces Oficina de Control de la Magistratura (hoy ANC), que advierten de posibles interferencias judiciales en casos relacionados con organizaciones criminales como Los Sanguinarios de Huacrarucro y Los Duros de San Marcos.
Según el Oficio N.º 1253-2021-MP-FN-FECOR-CAJ, la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada detectó que los magistrados habrían emitido resoluciones que beneficiaron al procesado Willan Moreno Sánchez, acusado de homicidio calificado y otros delitos graves. Entre las pruebas figuran grabaciones, discos compactos y documentación que apuntarían a un posible intento de favorecer su liberación (Expediente N.º 178-2001).
El 22 de diciembre de 2022, mediante la resolución N.º 12, se dio inicio formal al proceso disciplinario contra los jueces por su actuación en la Segunda Sala Penal de Apelaciones, en funciones de Sala Penal Liquidadora.
LOS CARGOS FORMULADOS POR LA ANC SON DOS:
Presunta solicitud o recepción de beneficios para dictar resoluciones judiciales favorables, lo que comprometería la independencia judicial.
Supuestas comunicaciones irregulares con personas vinculadas al acusado, identificadas con los alias “Cabeza” y “Anthony”.
Ambas conductas fueron calificadas como faltas muy graves según la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código de Ética de la Magistratura. No obstante, la ANC propone la destitución por el primer cargo y absuelve a los jueces por el segundo, dejando entrever posibles contradicciones en el procedimiento.
LOS DESCARGOS
El juez Ricardo Sáenz rechazó las acusaciones. En su defensa, explicó que la Fiscalía había solicitado declarar prescrita la acción penal por lesiones graves contra Moreno Sánchez y que solo se mantenía vigente el proceso por homicidio. Agregó que la Fiscalía reconoció, durante la audiencia del 6 de septiembre de 2021, que no se logró acreditar la responsabilidad penal de los imputados.
Por su parte, el magistrado Humberto Araujo calificó las imputaciones como infundadas y ofensivas, señalando que no existen pruebas directas que lo vinculen con comunicaciones ilícitas, y que la decisión absolutoria fue emitida en base al expediente.
Consultado para una declaración directa, el juez Sáenz no respondió a los requerimientos de este medio. Sin embargo, reconoció un vínculo familiar con Carlos Pascual Sáenz, a quien identificó como su primo, pero negó haber discutido con él asuntos judiciales bajo su responsabilidad.
Fuente: Correo
