La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso declaró improcedente la denuncia constitucional 549, que implicaba a los congresistas José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto, Alfredo Azurín, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Lizarzaburu, Pedro Martínez y Lucinda Vásquez por haber promovido y aprobado una norma que permitió a cinco de ellos recibir doble remuneración mientras ejercían su función parlamentaria.
Con 13 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, el informe de calificación que desestima la denuncia fue aprobado por mayoría. La argumentación respaldada por la SAC señala que «no se puede penalizar el ejercicio de la función legislativa cuando está acorde con la Constitución» y que hacerlo «significaría disminuir los derechos de los congresistas». Con esta decisión, la SAC rechazó la solicitud del Ministerio Público y cerró la posibilidad de investigar a los legisladores involucrados.
Asimismo, en la misma sesión, con 15 votos a favor, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) decidió devolver el informe de calificación sobre la denuncia constitucional contra Patricia Chirinos y Patricia Benavides a la Secretaría Técnica de la comisión. La medida fue aprobada tras la solicitud de la congresista Martha Moyano, quien argumentó que la calificación de inadmisibilidad debía ser modificada por improcedencia.
