El Pleno del Congreso aprobó este jueves el informe final de la Comisión de Fiscalización y Contraloría que recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo y al exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, por presuntamente liderar una organización criminal en el Gobierno.
Según el informe, Castillo habría recibido cuatro millones de soles de Alvarado, provenientes de actos de corrupción en la ejecución de proyectos de inversión financiados por el Ministerio de Vivienda y algunas municipalidades.
La organización criminal estaría integrada también por la esposa de Castillo, Lilia Paredes, sus cuñados Yenifer, Walter y David Paredes, el exasesor del ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, el exalcalde del distrito de Anguía, José Medina y el investigado Hugo Espino.
La denuncia constitucional se basa en los indicios recogidos por la Fiscalía de la Nación, que acusó formalmente a Castillo el pasado 12 de octubre por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
Castillo negó las acusaciones y las calificó como “una nueva modalidad de golpe de Estado”. Dijo que probará su inocencia y que está dispuesto a “entregar la vida” por el pueblo peruano.
La denuncia constitucional será remitida al Poder Judicial para que inicie el proceso correspondiente contra Castillo y Alvarado. De ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos.